He presentado una iniciativa para que en Chihuahua las y los deudores alimentarios enfrenten consecuencias reales, porque no podemos seguir permitiendo que la ley exista solo en el papel mientras miles de niñas y niños quedan desprotegidos.
Hoy en día, muchas madres acuden a los tribunales para exigir la pensión alimenticia de sus hijos y enfrentan procesos que pueden durar años, sin lograr que el padre cumpla con su responsabilidad. Esta realidad no solo es injusta, también es insostenible.
Desde 2021 existe el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REPDAM), creado precisamente para atender esta problemática. Sin embargo, en la práctica casi no se utiliza. En algunos juzgados del estado apenas se ha realizado una inscripción, no porque no existan deudores, sino porque el procedimiento es complicado, costoso y obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de juicio.
Esto evidencia una falla estructural del sistema.
Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre. Muchas mujeres tienen que endeudarse, reducir sus jornadas laborales o sacrificar proyectos personales para sacar adelante a sus hijos. Esto es una forma de violencia económica que no podemos seguir normalizando.
Por eso, mi propuesta busca transformar el funcionamiento del REPDAM para que realmente proteja a las familias.
Estoy planteando que el registro de deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que hacer trámites adicionales, y que esta inscripción se lleve a cabo en un plazo máximo de 24 horas.
Además, propongo que instituciones como el SAT, el IMSS, el ISSSTE, así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Esto permitirá tener información clara para hacer cumplir la ley.
También estamos incluyendo consecuencias patrimoniales reales para quienes incumplan con la pensión alimenticia: desde la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales y el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial, hasta la restricción para ocupar cargos públicos, ser candidatos, proveedores del gobierno o realizar trámites notariales.
De igual forma, planteo que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y que existan sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o patrones que obstaculicen la aplicación de la ley.
Mi objetivo es muy claro: que la ley funcione y que ningún menor quede desprotegido.
Porque ninguna madre debería cargar sola con lo que legalmente corresponde a dos, y ningún niño debería quedarse sin sustento mientras el sistema mira para otro lado.
Seguiré impulsando acciones que defiendan a las familias y garanticen justicia para quienes más lo necesitan.
